sábado, 21 de abril de 2018

MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DEL SISTEMA DE RETIRO UPR


21 de abril de 2017




MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DEL SISTEMA DE RETIRO UPR


El viernes, 20 de abril de 2018 la HEEND, La Asociación  de Jubilados de la UPR, La Asociación de Profesores de la UPR y La Asociación de Profesores de la UPRH participamos de una manifestación en defensa de nuestro Sistema de Retiro.

Los representantes de las distintas organizaciones de pensionados de la UPR, Dra. Diana Rivera, Prof. Carlos Echevarría y Prof. Félix Báez  Neris se reunieron con la Lcda. Magdalisse Ramos Costa,  Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno de la UPR.

Se trajo a la atención de la reunión las siguientes reclamaciones y afirmaciones:

·       Se le lleve el mensaje al Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR que   demandamos la apertura a la  comunicación con los sectores universitarios para luchar junto en defensa de nuestro Sistema de Retiro y de la Universidad.

·       Se demanda al Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR a defender el Sistema de Retiro. Fuimos enfáticos en señalar que nos oponemos tenazmente a que se hagan cambios al plan de beneficios definidos del Sistema de Retiro. Todo plan o iniciativa debe ser una de consenso la Junta de Retiro y con la comunidad universitaria incluyendo por supuesto a los pensionados. Rechazamos tajantemente el recorte a las pensiones.

·       Evitar a toda consta una confrontación entre la Junta de Gobierno y Junta de Retiro. Los procesos deliberativos en la Universidad son uno de respeto a las discrepancias procurando buscar en la medida de lo posible el consenso. Tenemos la responsabilidad de  presentarle ese ejemplo de estilo de trabajo al país.  Estamos dispuestos a ese diálogo y a mirar las alternativas con transparencias que fortalezcan a la Universidad.


·       Le recordamos que hay alrededor de 19 mil familias de universitarios entre activos y jubilados. La realidad nos dicta que cada vez más los pensionados llevan la carga de responsabilidad económica en los hogares puertorriqueños.


·       Se recordó que los cambios y ajustes que se hicieron hace cinco años al Sistema de Retiro fueron unos muy acertados. Los mismos redundaron en beneficios para los activos de la institución.

·        La Lcda. Ramos por su parte,  aseguró que no hay antagonismo entre la Junta de Gobierno y la Junta de Retiro.  No se tomarán acciones en contra del Sistema de Retiro. Hay asuntos de urgencia y mayor premura en lo que actualmente se trabajan. El Sistema de Retiro se evaluará en su tiempo por separado con los respectivos representantes  y con toda la atención que el mismo demanda, nos aseguró.

·       Se coordinara una próxima reunión para continuar el diálogo y las avenidas de comunicación con el Presidente de la Junta de Gobierno el  Lcdo. Walter Alomar Jiménez.






Prof. Félix Báez Neris
Representante Junte Asociaciones y MPP

jueves, 19 de abril de 2018

Plasmado el recorte en las pensiones


Reducción promedio de 10% en los pagos a jubilados entrará en efecto para el año fiscal 2020

Archivo
La Junta de Supervisión Fiscal señaló que los maestros y los policías podrán cotizar al Seguro Social sin tener que aprobar legislación adicional.
A pesar de los reclamos del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) incluyó en el nuevo plan fiscal -que regirá las finanzas del gobierno- una sección completa que detalla los recortes que se impondrán en los tres principales sistemas de retiro del gobierno.
En esta nueva versión del documento fiscal, que será aprobada hoy por la JSF, los jubilados en promedio verán para el año 2020 una reducción en sus pensiones que, en promedio, rondará el 10%. La aplicación de la medida, sin embargo, será progresiva y tomará en cuenta los beneficios que reciba o no el retirado por concepto de Seguro Social.
Es decir, aquellos pensionados que reciban las mensualidades más altas verán reducciones mayores en comparación con aquellos que tienen ingresos menores. Se excluirán de los recortes a aquellos jubilados que, entre beneficios del Seguro Social y los sistemas de retiro estatales, generen menos de $1,000 mensuales. Se utilizó este monto porque se asemeja al marcador actual de pobreza para un individuo, según las guías federales. Esto evitaría, dice el plan fiscal, que las personas tengan que recurrir a los programas de beneficencia para subsistir.
Por otro lado, los empleados activos que aportan al sistema verán sus beneficios definidos congelados y sus aportaciones, en lugar de pasar a un pote de donde se pagan las pensiones de los retirados, serán depositadas en cuentas individuales de retiro, similares a los planes privados. Ya el sistema de retiro de empleados del gobierno ha encaminado este proceso. La JSF pide celeridad para que se haga lo mismo en los sistemas de retiro de los maestros y de la judicatura.
“Esta congelación será implantada como parte del plan de ajuste (del proceso de quiebra territorial), y debería estar programado para que entre en vigor en el año fiscal 2020 para que se puedan implementar los cambios necesarios”, dice el documento.
Del mismo modo, se ordena que los jueces y los maestros que tengan menos de 40 años sean ingresados al sistema de Seguro Social. La inclusión de jueces y maestros, recalca el plan, se puede hacer sin la necesidad de un referéndum de empleados o de una ley federal puesto que el acuerdo que por décadas ha permitido la exclusión de estos empleados gubernamentales establece que si las aportaciones al sistema de retiro estatal se colocan por debajo del 7.5% de los ingresos, la inscripción es mandatoria.
En total, según el plan fiscal divulgado ayer por la JSF, el déficit actuarial de los sistemas de retiro alcanza los $56,000 millones.
La Junta recalca que en el plan que las pensiones son vistas en el proceso de quiebra territorial como deudas no aseguradas.
“Los participantes de los planes de retiro, como otros acreedores no asegurados, enfrentan una reducción en lo que les pagará el gobierno. Una reducción promedio de 10% en las pensiones es apropiada y necesaria”, dice el documento.

lunes, 16 de abril de 2018

Fotos de la reunión de abril 2018

Fotos que recogen momentos del compartir en la última reunión celebrada en la hermosa terraza de la residencia del profesor Emilio Rivera.

Luego de atender los asuntos de la reunión, separamos un momento para compartir en la hermosa amistad que nos hermana.


Zaida impartió todos sus conocimientos de la Internet al grupo.

Félix como el Ave María.

Con sentimiento Jondo...

La pareja de baile ganadora de la tarde. 

Todos unidos en el calor de la amistad.
Fotos cortesía de Esther. Maldades a cargo de Félix.

lunes, 9 de abril de 2018

Bajo alerta el sistema de retiro de la UPR

Bajo alerta el sistema de retiro de la UPR

La agencia trabaja en la solicitud de propuestas para identificar la firma que manejará las cuentas de jubilación de los empleados públicos

lunes, 9 de abril de 2018 - 12:00 AM
Por Joanisabel González

Tres de cada cuatro empleados que cotizan al Retiro UPR ya son elegibles para jubilarse, alertó la Junta de Directores del plan de pensiones. (semisquare-x3)
Tres de cada cuatro empleados que cotizan al Retiro UPR ya son elegibles para jubilarse, alertó la Junta de Directores del plan de pensiones. (Ramón “Tonito” Zayas)
Si la Universidad de Puerto Rico aplica a su sistema de retiro lo que ha propuesto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el organismo federal pondría fin al plan de pensiones de beneficio definido con mayor solvencia de todo el gobierno de la isla.



De igual forma, si se recortan las pensiones de ese centro docente, la movida podría quebrar al plan de pensiones y crear un disloque en las operaciones y tareas académicas de la UPR porque tres de cada cuatro empleados que participan del Sistema de Retiro UPR ya son elegibles para acogerse a la jubilación.
Eso aseguró a El Nuevo Día el presidente de la Junta de Directores de Retiro UPREduardo Berríos Torres, quien adelantó que ese cuerpo rector combatirá con los recursos que sean necesarios la propuesta que ha presentado la JSF y que busca aplicar en ese plan de pensiones las mismas estrategias que promueve para laAdministración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM).
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“Este es un sistema bien regulado que no busca premiar a un sector sobre otros”, dijo Berrios Torres al destacar que el plan de pensiones que lleva 75 años en operaciones no cayó en las prácticas que provocaron el colapso de la ASR y SRM.
De acuerdo con Berríos, a diferencia de los planes del gobierno central y del magisterio, la gobernanza que rige a Retiro UPR ha permitido tomar decisiones para frenar el deterioro del sistema y combatir otras para evitar que los fondos que pertenecen a los participantes activos y jubilados estén en riesgo.
Los jubilados de Retiro UPR no reciben bonos para la compra de medicamentos o por Navidad y su pensión se fija según un tope de aportación.
Dicho en otras palabras: aunque el plan considera los años de servicio, la edad y los 36 salarios más altos para calcular la pensión, el sistema tiene un tope de pensión a otorgarse.
En Retiro UPR, los topes de pensión están relacionados con el tipo de labores que realizan; aquellos en las escalas de salarios más bajas pueden recibir una pensión no mayor de $35,000, mientras que las pensiones del personal administrativo y docente no deben exceder de entre $55,000 a $69,000.
Estrategias proactivas
“Eso se ha hecho buscando la perpetuidad del plan de pensiones”, dijo Berrios Torres al señalar que, hace unos años, la Junta de Síndicos de Retiro UPR elevó de 55 a 58 años la edad para cualificar para el retiro y aumentó a 12% la aportación que debe hacer el empleado al plan de retiro.
“Nada de esto ha sido por accidente”, insistió Berríos Torres.
Agregó que, para fortalecer el patrimonio que custodia el sistema, se creó un fideicomiso y también se contrató personal experto en inversiones para fortalecer las políticas de inversiones y adoptar las estrategias que permitan alcanzar los objetivos de rendimiento que son necesarios.
“En cuatro años, el corpus ha ganado $300 millones”, dijo Berríos Torres al agregar que la gestión del fondo es la mejor evidencia de que se camina en la dirección correcta.
Mientras la ASR y el SRM se han venido abajo, Retiro UPR muestra una trayectoria ascendente.
Hasta el año fiscal 2016, Retiro UPR tenía casi 48 centavos por cada dólar que debe en pensiones y, con la apreciación que habría visto la cartera en el año fiscal 2017, el plan de pensiones definido lleva cinco años de crecimiento.
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Al concluir el año pasado, Retiro UPR mantenía $1,430 millones en activos, cumplía con las pensiones de 8,800 jubilados y custodiaba el ahorro de unos 10,200 participantes activos. La nómina anual de los pensionados de Retiro UPR ronda $200 millones.
Lo que propone la Junta
“Es claro que todavía no estamos complacidos”, dijo Berrios Torres al reconocer que Retiro UPR acumula una deuda actuarial que no se ha subsanado.
Según el académico, los programas de retiro temprano incidieron en la solvencia del plan de pensiones, pero, sobre todo, la política de congelar plazas por los retos fiscales ha afectado las finanzas del plan.
Mientras más puestos vacantes o, como se dice en el argot fiscal, “congelados”, menos participantes activos aportan al sistema.
Sin embargo, para Berrios Torres, la propuesta de la JSF para cerrar el plan de pensiones y convertirlo en un plan de contribución hará más mal que bien a la situación actual. Esa propuesta que ya se ha aplicado en el gobierno central también se aplicaría al sistema de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El Nuevo Día solicitó a esa corporación pública una entrevista sobre el impacto de la propuesta en ese plan de retiro, pero no recibió información financiera actualizada ni se había concedido la entrevista al cierre de la edición.
En el caso de la UPR, explicó Berríos Torres, si se aplica el recorte a las pensiones, que en el caso de la UPR debe promediar un recorte de 17% al mes, según propuesto por la JSF, buena parte de los participantes actuales de Retiro UPR optarán por la jubilación porque ya cualifican para ello.
De ser el caso, la UPR podría enfrentar la salida de miles de empleados y docentes, una dinámica que ya se experimentó en el sistema de pensiones de la AEE.
Del otro lado, dijo Berrios Torres, si el recorte procede, implicaría unos $25 millones menos en pago de nómina, pero, sobre todo, el práctico fin del plan de pensiones, porque, ante la avalancha de retirados, Retiro UPR podría agotar sus ingresos en menos de una década.
Si fuera el caso, sostuvo Berríos Torres, la UPR enfrentaría el dilema que ahora encara el Fondo General de pagar las pensiones de la ASR y los maestros.
“Cerrar el plan sería una contradicción”, dijo Berríos Torres al agregar que ya escribió al presidente de la JSF, José B. Carrión, para alertar al organismo federal del efecto nocivo que tendría su propuesta en las finanzas de la universidad pública que buscan remendar.

La Junta de la ASR busca administrador privado para los planes de retiro

La Junta de la ASR busca administrador privado para los planes de retiro
La agencia trabaja en la solicitud de propuestas para identificar la firma que manejará las cuentas de jubilación de los empleados públicos
lunes, 9 de abril de 2018 - 6:00 AM

Por Joanisabel González

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Según el administrador de la ASR, Luis Collazo, la junta de síndicos de la ASR revisa los criterios y otras consideraciones necesarias para diseñar lo que será el mecanismo de ahorro que tendrán los empleados del gobierno central. (GFR Media) (horizontal-x3)
Según el administrador de la ASR, Luis Collazo, la junta de síndicos de la ASR revisa los criterios y otras consideraciones necesarias para diseñar lo que será el mecanismo de ahorro que tendrán los empleados del gobierno central. (GFR Media)
En las próximas semanas, la junta de síndicos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) debe completar el análisis para convocar y seleccionar la firma que administraría los planes de contribución definida de los empleados públicos y que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) buscan crear y transferir al sector privado.

Según el administrador de la ASR, Luis Collazo, la junta de síndicos de la ASR revisa los criterios y otras consideraciones necesarias para diseñar lo que será el mecanismo de ahorro que tendrán los empleados del gobierno central, educadores, municipios y corporaciones públicas.

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En dicho proceso, agregó el funcionario, colabora la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Acto seguido, según Collazo, la junta de síndicos lanzará una solicitud de propuestas para identificar y seleccionar la firma que administraría tales planes.

El año pasado, la JSF -y el gobernador Ricardo Rosselló coincide- recomendó que los empleados públicos que no cotizan al Seguro Social lo hagan y propuso, además, transformar los planes de pensiones para que, en lugar de tener una pensión fija según la edad y los años de servicio, el retiro se derive de lo que el empleado ahorró, un concepto similar al que prevalece en ciertas empresas privadas.

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Según Collazo, el nuevo sistema de ahorro para la jubilación entró en vigor en agosto de 2017 con la aprobación de la Ley 106.

Entre otras cosas, explicó, el estatuto permitió reducir a 8.5% la aportación mensual que debe hacer el servidor público a su cuenta de retiro. El nuevo programa también aplica para los educadores, y la JSF ha propuesto que también se aplique a la Universidad de Puerto Rico y al plan de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El funcionario dijo que el proceso en ciernes permitirá que el dinero que se saca del cada cheque de los empleados públicos para su retiro sea custodiado de manera separada, lo que debió suceder desde la llamada Reforma 2000, pero no fue el caso.

Asimismo, será el empleado el que decidirá en qué instrumentos invertirá su dinero y no la ASR.

Luego de que en el año 2000, en un intento por evitar su colapso, se pusiera fin al plan de beneficio definido para los empleados públicos establecido con la Ley 447, se creó lo que Collazo describe como un sistema híbrido. Los empleados que entraron a laborar en el servicio público a partir del 2000 ahorran lo que recibirán en la jubilación, en lugar de recibir una compensación vitalicia por parte del patrono.

Una vez se acogen al retiro, los nuevos empleados tienen derecho a recibir una anualidad, pero la ASR nunca separó el dinero de cada participante, no les informaba del rendimiento de sus ahorros, que sirvieron para pagar las pensiones actuales.

Según Collazo, mientras se escoge la firma privada, el gobierno ya separó en una cuenta los fondos que aportan los empleados públicos.

A preguntas de El Nuevo Día sobre la posibilidad de que el dinero de los participantes en los planes quede sujeto al proceso de renegociación de la deuda, indicó que “difícilmente pueda ser motivo de controversia, pues el dinero está segregado” en una cuenta del Departamento de Hacienda.

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Mientras se quedan sin efectivo para operar, advierten que implementar los ajustes que pide la Junta de Supervisión Fiscal estremecerá el presupuesto de los jubilados

lunes, 9 de abril de 2018 - 6:00 AM
Por Joanisabel González

La ASR fue objeto de múltiples iniciativas en las pasadas dos décadas “para detener el sangrado” de un sistema que, desde casi el principio de su existencia, otorgaba más en beneficios de lo que podía acumular para pagarlos. (GFR Media) (vertical-x1)
La ASR fue objeto de múltiples iniciativas en las pasadas dos décadas “para detener el sangrado” de un sistema que, desde casi el principio de su existencia, otorgaba más en beneficios de lo que podía acumular para pagarlos. (GFR Media)

Tras finiquitar lo que le quedaba en activos líquidos, la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) evalúa qué hacer con los cerca de $543 millones que le quedan en préstamos, ciertas inversiones que todavía mantiene en libros, incluidos bonos del gobierno y hasta su edificio principal.
Se trata de los últimos recursos que le quedan al único plan que se encuentra en bancarrota bajo el Título III de la ley Promesa y el único sistema de pensiones que recurrió a tomar prestado con la expectativa de que una maniobra de inversiones lo ayudara a salir de su abismo.
También es el plan del que dependen 119,917 jubilados y del cual otros 107,000 esperan cobrar algún día lo que ahorraron para retirarse.
Ahora, la JSF pretende aminorar el colapso de los planes de pensiones obligando a un recorte promedio de 10 por ciento a todas las pensiones vigentes y transfiriendo a manos privadas el manejo de las cuentas de aportación definida que poseen los empleados que todavía están activos.
La semana pasada, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares radicó un nuevo plan fiscal revisado que no incluye el recorte a las pensiones que solicitó la JSF.
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El año pasado, no obstante, el mandatario legisló parte de la propuesta de ajustes que requirió la JSF al aprobar el proceso para transferir las cuentas de retiro de los empleados activos al sector privado.
“Tenemos que ser cautelosos y ver cómo procedemos con estos activos que nos quedan”, dijo el administrador de la ASR, Luis Collazo, al reconocer que los tiempos que vive Retiro son el fruto de una mala gestión.
Retahíla de pobre administración
Según Collazo, la ASR fue objeto de múltiples iniciativas en las pasadas dos décadas “para detener el sangrado” de un sistema que, desde casi el principio de su existencia, otorgaba más en beneficios de lo que podía acumular para pagarlos.


A finales de la década de 1990, se cerró el plan que otorgaba una pensión según la edad y años de servicio para dar paso a la Reforma 2000. Antes de eso, se enmendó el plan para aumentar la edad de jubilación plena y los años de servicio para recibir una pensión.
Hace unos cinco años, se redujo la aportación al plan médico que reciben los jubilados, se eliminó la pensión que recibían los viudos y se hizo lo mismo, parcialmente, con el bono de Navidad y de medicamentos, beneficios que se legislaron sin asignar recursos adicionales.
Según Collazo, se trató de “un parche”, porque no tuvo elefecto que buscaban.
Otro nuevo intento, según Collazo, fue aumentar las aportaciones patronales que hacían las agencias, corporaciones públicas y municipios y habilitar un mecanismo de aportaciones escalonadas.
“Se perseguía allegarle fondos al sistema con la aportación uniforme, pero los patronos no enviaban la aportación y, por lo tanto, ese funding, esa capitalización del sistema, nunca se ejecutó. El gobierno no hizo las aportaciones y no se fue proactivo en el cobro a las agencias y los municipios”, agregó.
Lo que queda para los pensionados
Según las valoraciones más recientes de la ASR, la cartera de préstamos otorgados a jubilados y participantes activos del gobierno central, ciertas corporaciones públicas y municipios ronda los $420 millones.
A esa cifra, se le añaden los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que la ASR adquirió entre 2009 y 2012, bajo la premisa de que, al prestar dinero al gobierno central, accedería a rendimientos más altos.
Sin embargo, a la fecha, lo que queda de esa inversión, debido a que los bonos Cofina han perdido más de la mitad de su valor, son unos $36 millones.
El edificio principal de la ASR, que ubica en Hato Rey y sufrió daños visibles tras el huracán María, tasó en un momento dado unos $10 millones. El total de activos restantes lo completan $76 millones en fondos de inversión privada.
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Aun si la ASR tuviera suerte y lograra vender tales activos según los ha registrado en sus libros, la cifra de $543 millones apenas daría para pagar las pensiones de los empleados públicos por apenas cuatro meses adicionales, de no ser porque, como parte de la reforma a las pensiones, la JSF autorizó que el pago a los jubilados se convierta en una obligación del Fondo General.
Inversiones y deuda
En el caso de la inversión en fondos privados, la colocación resulta inexplicable para Collazo.
“Si vendemos ahora lo que hay en private equity (capital de inversión privada), podemos perder $26 millones de esa inversión en private equity, pero, si esperamos cinco años, podría subir a $110 millones”, dijo Collazo.
“En verano de 2016, la Junta decidió aumentar la inversión entre $60 millones y $70 millones cuando ya se sabía que el sistema estaba en problemas de liquidez y se estaban liquidando activos de la cartera de inversiones”, sostuvo el funcionario, quien indicó que la decisión de invertir en fondos de inversión privada fue producto del comité de inversiones de la ASR.
La ASR, al igual que todo plan de pensiones, suele invertir el dinero de sus participantes siguiendo unas políticas particulares y el consejo que provee su consultor financiero. En el caso de la ASR, una firma con sede en el estado de Tennesse y de nombre Gavion Associates actúa como consultor financiero desde la pasada administración.
Las colocaciones en fondos de inversión privada suelen producir rendimientos relativamente altos, pero a un riesgo mayor que las inversiones en bonos de alta calidad, aparte de que requieren de más tiempo para que dejen réditos al inversionista.
“Se determinó invertir en private equity y eso, sumado a la emisión de bonos del 2008 y la no llegada de aportaciones, fue minando las finanzas del sistema de retiro”, dijo Collazo al incluir en la lista de desaciertos la emisión de $3,000 millones que comprometió las aportaciones patronales como fuente de repago.
La propuesta de la Junta
De acuerdo con el jefe de la ASR, si la JSF materializa el recorte a las pensiones, la decisión se agregaría a todos los ajustes ya experimentados por los jubilados.
De entrada, partiendo de las cifras de la ASR, la propuesta afectaría directamente a 60,000 pensionistas porque la propuesta contempla ajustar la pensión a todas las personas que reciban un pago de más de $1,000 al mes.
Sin embargo, como el cálculo para determinar los $1,000 por mes se hará utilizando lo que también paga el Seguro Social, el universo de pensionados afectados podría sobrepasar los 100,000. La pensión promedio de la ASR, un plan distinto que el de los jueces, ronda $1,050 al mes.
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“Es un recorte que afectaría negativamente esta población que depende de ese ingreso para subsistir y ha planificado sus vidas con ese ingreso”, indicó Collazo.
“Entiendo que la Junta está desenfocada en lo que es la propuesta porque un 10% (de recorte) no va a hacer mella en la economía o ayudar al balance fiscal”, añadió.
Los educadores
“Para los pensionados del Sistema de Retiro para Maestros (SRM), la propuesta sería devastadora, pues los maestros no aportan al Seguro Social”, dijo, por su parte, el administrador del plan de pensiones de los educadores y personal educativo, Armando Rivera Díaz.
Explicó que uno de los aspectos más detrimentales de la propuesta es que el cálculo para ajuste que requiere la JSF se hace partiendo de la pensión que se devenga. Sin embargo, en muchos casos, lo que recibe el jubilado es una cuantía menor porque muchos participantes del sistema tienen préstamos que pagan con descuentos automáticos del cheque.
Según los cómputos del SRM, cada año se pagan en beneficios de pensión $820 millones. La pensión promedio de ese sistema, que tiene 43,776 jubilados, ronda los $1,443 al mes.
Si se aplicara el ajuste que propone la JSF, explicó Rivera Díaz, ello afectaría a sobre 31,000 jubilados, y asestaría un golpe al presupuesto de esa población y de la economía de alrededor de $66.8 millones al año.
La historia del Sistema de Retiro para Maestros no es muy distinta a la ASR. Entre las iniciativas que contribuyeron a la muerte del sistema en el que todavía cotizan 32,230 personas, se encuentran, como en la ASR, programas de retiro temprano, reducción de los años de servicio como requisito para la jubilación y el no envío de aportaciones a tiempo por parte del Departamento de Educación y el gobierno cuando se trató de beneficios particulares, como el bono de medicamentos.
Según Rivera Díaz, hasta marzo pasado, al SRM solo le quedaban $19.3 millones en efectivo. Mientras, la cartera de préstamos del SRM y sus inversiones en fondos de inversión privada totalizaban $296 millones hasta el mismo período.
“(Con la propuesta de la JSF), se afecta el poder adquisitivo del maestro, que, en su mayoría, es para el consumo de medicamentos y alimentos. Será un fuerte golpe a los que tuvieron la responsabilidad de educar a la mayoría de los puertorriqueños”, acotó Rivera Díaz.