Pronunciamiento de Juristas, Académicos y Profesionales de Derecho sobre la situación del país y la Universidad

Nota: artículo publicado en 80 Grados (3 de abril 2017)http://www.80grados.net/pronunciamiento-de-juristas-academicos-y-profesionales-de-derecho-sobre-la-situacion-del-pais-y-la-universidad/

El país

-Puerto Rico vive una coyuntura histórica sin precedentes en la que está en riesgo el presente de quienes hoy constituimos el país y el futuro de generaciones de quienes lo constituirán. Esta coyuntura afecta sobre todo a quienes ya están en condiciones de mayor vulnerabilidad ya sea por razones económicas o por formar parte de grupos históricamente discriminados: las mujeres, las personas LGBTT, las personas migrantes y las personas que han sido discriminadas por razón de raza, origen y condición social.

-Las condiciones de gobernabilidad y la toma de decisiones en el país han sido impermisiblemente socavadas principalmente mediante dos vías:

(1) la eliminación burda de las pocas vías de democracia representativa que existían y que fueron unilateralmente sustituidas por una Junta de Supervisión Fiscal compuesta por siete personas no electas que rigen absoluta y autoritariamente todo el futuro y la toma de decisiones que nos afecta a quienes habitamos Puerto Rico.

Estas siete personas tienen la autoridad para decidir por todo el país la aplicación de nuestra Constitución, la aprobación y aplicación de toda legislación y reglamentación, lo concerniente a nuestro presupuesto, individual y colectivo y las medidas que nos aplicarán en el presente y futuro individual y colectivamente;

(2) la implantación de un único criterio rector a partir del pensamiento único economicista para toda la toma de decisiones relacionadas al país, incluyendo asuntos relacionados a los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales como la educación, la salud y la vivienda y los derechos civiles y políticos.

-La forma que tome la sociedad puertorriqueña en los próximos años, incluyendo su población, sus condiciones sociales, su salud física y mental, sus oportunidades de educación primaria, secundaria y universitaria, las condiciones de trabajo y vida en general, estarán pre-determinadas en función de un cálculo financiero cuyo criterio rector es el pago a acreedores de una deuda que es de dudosa constitucionalidad y que aún no ha sido auditada conforme a estándares rigurosos.

El estado de derecho

-Lo anterior implica que todo nuestro estado de derecho ha sido alterado y que los principios fundamentales por los que toda sociedad debe regirse han sido y son diariamente -y con cada decisión de esta Junta- soslayados. No contamos con ninguna forma de participación política en la toma de decisiones sobre aspectos que hoy, y desde ya, inciden en nuestro diario vivir y en el futuro de nuestros niños y niñas.

El ordenamiento jurídico contenido en el Código Político de Puerto Rico y en la Constitución de 1952 fue alterado y su aplicación diaria resulta en un “estado de excepción” que ya se ha convertido en la normalidad y en un régimen jurídico que violenta los principios rectores más básicos de un estado de derecho democrático. Esta situación no es ni puede ser obviada por juristas y profesores de Derecho que imparten en su cátedra los más elementales principios del estado de derecho al que aspiramos.

El énfasis que se intenta utilizar para subrayar la supuesta ilegalidad de la acción concertada de los estudiantes omite hacer hincapié en la ilegalidad de la deuda, que es lo que precisamente motiva la acción estudiantil.

La educación y la Universidad de Puerto Rico

-En ese escenario, la Universidad de Puerto Rico, la única universidad pública del país, es una de esas instancias que mediante estas vías anti-democráticas y siguiendo parámetros y cálculos arbitrarios meramente financieros, en los últimos años ha sido paulatinamente desmontada. Bajo la idea de la necesidad de “recortes”, se nos ha querido hacer ver como irremediable un cambio paradigmático en el proyecto de universidad pública: se pretende prácticamente eliminar nuestra institución superior de enseñanza pública, despojándola de un presupuesto público que la haga operacional y que responda a los parámetros de toda universidad pública de rigor y prestigio.

-Si bien es cierto que la UPR requiere cambios en su operación y organización, asunto que los universitarios hemos venido señalando por décadas, lo cierto es que lo que se le exige a la Universidad, millonarios recortes al ras y basados solamente en las necesidades del pago de deudas a acreedores, dan al traste y pone en riesgo de muerte el interés público de que las actuales y futuras generaciones tengan la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad, rigor y que provea las oportunidades de preparar profesionales y sobre todo ciudadanas y ciudadanos para el país que queremos. Se trata de una labor insustituible, por eso, el desmantelamiento de la universidad sería un daño irreparable para el país.

-La preocupación por la acreditación debe estar enmarcada en el tipo de universidad que resultaría en el contexto de los recortes. Sería una universidad solo para unos pocos y sin considerar el proyecto público para el cual fue creada.

-No debería hacerse responsables a los estudiantes por los señalamientos que ha realizado la Middle States, pues los más apremiantes se relacionan con la gobernanza y no con el paro decretado. El mayor riesgo no son las acciones de los estudiantes sino los recortes mismos propuestos por la nueva política pública que está imponiendo la Junta y que están siendo avaladas por la administración.

Nosotras y nosotros como juristas

-Nosotras y nosotros, como juristas, profesionales del derecho y profesoras y profesores universitarios, en esta coyuntura única y urgente, tenemos un deber ético de mirar de frente y firmes esta situación; posicionarnos a la altura que estos tiempos requieren y denunciar con firmeza todo lo anterior por su carácter antidemocrático y por ser contrario a los más elementales derechos y oportunidades de quienes constituimos este país y a quienes nos afectará directamente.

-En este sentido, no vemos en el régimen de derecho actual un estado de derecho legítimo, sino por el contrario, uno que debe ser divulgado e inteligentemente cuestionado pues éste entraña los elementos antidemocráticos más perversos en una situación en la que millones de personas en este país no tienen ni han tenido que ver con la legitimación de esa ley (PROMESA) ni con los parámetros con que se toman las decisiones mediante ella. Consideramos, pues, nuestro deber unir nuestras voces para que más personas se unan a esta denuncia y que reclamemos las oportunidades para incidir directamente en la toma de decisiones que nos afectan hoy y nos afectarán a nosotros y a nuestros hijos e hijas.

Acción ciudadana

-Diversos grupos sociales, y más recientemente los y las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, han hecho un llamado a detener la cotidianeidad, a reunirse, a concertar acciones y a vislumbrar cursos de acción ante esta situación que confrontamos como país. El desempleo, la falta de servicios de salud física y mental, el desmantelamiento de la educación pública, primaria, secundaria y universitaria, la precariedad e inseguridad laboral, los desahucios y pérdidas de hogares, la precariedad y pobreza de nuestros pensionados, el empeoramiento de las condiciones de vida de nuestros adultos mayores, son ya y serán más aún en los próximos meses, la orden del día.

-En el caso de la Universidad de Puerto Rico, la embestida es atropellada y desproporcional. Las medidas requeridas por la Junta, presionadas por bonistas y avaladas por el gobierno y adoptadas subsilentio por la administración universitaria, desmantelan nuestro único proyecto universitario público, ese que por más de un siglo nos ha servido al país como lugar para el pensamiento, para la preparación de profesionales diversos, el ascenso social, la creación artística, la investigación científica de interés público y el quehacer social a favor del interés público y de los más desaventajados en nuestro país.

-No hay, pues, peor resultado que el no pronunciarse ni hacer nada ante esta situación. No hace falta coincidir con todas las vías de acción concertadas que cada grupo acogerá para entender que en esta coyuntura el valor más importante es el cuestionamiento a estas políticas y la importancia de un detenimiento para entender y evitar las decisiones nefastas que de manera atropellada van a definir el destino de millones de personas que nos veremos afectadas directa e indirectamente por estas políticas.

Por eso:

-Por eso: nos unimos a las voces que hoy denuncian firmemente lo antes expuesto, que exigen participación amplia del país en la toma de decisiones sobre las políticas que nos afectan, incluyendo el que se audite con rigor la deuda que hoy sirve de justificación para imponernos estas medidas. Queremos ser nosotras y nosotros, la ciudadanía, quienes dictemos el cómo queremos vivir como sociedad sin que sean solamente los intereses de los acreedores los que nos dicten el curso de nuestra vida.

-Por eso: apoyamos el llamado de los y las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico a detenernos y a comenzar acciones ciudadanas para lidiar con este escenario de tanta dificultad y evitar estas propuestas y políticas que nos llevan hacia un daño irreparable.

-Por eso: los aquí firmantes, nos reafirmamos en que es nuestro deber ético en esta situación, como universitarios, profesionales del Derecho y ciudadanas y ciudadanos, oponernos firmemente a estas políticas y unirnos al accionar de otros y otras para detenerlas.

FIRMANTES:

Ana Matanzo Vicens, profesora Derecho UPR
Chloe S. Georas, profesora Derecho UPR
Érika Fontánez Torres, profesora Derecho UPR
Glenda Labadie Jackson, profesora Derecho UPR
Nylca J Muñoz Sosa, profesora Derecho UPR
María Jiménez, abogada
Efrén Rivera Ramos, profesor Derecho UPR
Julio Fontanet Maldonado, profesor y decano Facultad de Derecho UIPR

Juan F. Correa Luna, profesor Derecho UIPR
Fernando Moreno Orama, profesor Derecho PUCPR
Ariadna Godreau Aubert, coordinadora Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia y abogada
Guillermo Rebollo Gil, profesor Universidad del Este y abogado
Mariana Iriarte Mastronardo, profesora de Ciencia Política UPRRP y abogada
Edna Benítez, profesora UPRRP y abogada
Nora Vargas Acosta, profesora Derecho UPR
Luis A. Zambrana, doctorando en Derecho, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

María Hernández Torrales, abogada y profesora Derecho UPR
Pedro Saadé Llorens, abogado y profesor Clínica Derecho UPR
Verónica Rivera Torres, abogada
Iris Yaritza Rosario, defensora legal de SAL y profesora adjunta Derecho UPR
Luis José Torres Asencio, abogado y profesor Derecho UIPR
Zahíra Rodríguez Feliciano, abogada
Yashira M. Hernández González, abogada
Gabriel Espinosa González, abogado, Programa ProBono Derecho UPR

Miguel Ángel Rivera Álvarez, Bibliotecario Jurídico de la Escuela de Derecho UPR
Felix Rivera Cabrera, abogado de la Clínica de Asistencia Legal de la UIPR
Marilucy González Báez, profesora Derecho UIPR
Yanira Reyes Gil, profesora y Decana de Asuntos Académicos Derecho UIPR
Luis Rafael Rivera Rivera, profesor Derecho UIPR
Esther Vicente, catedrática Derecho UIPR
Manuelita Muñoz Rivera, profesora Derecho UIPR
Josefina Pantoja Oquendo, abogada

Pedro Cabán Vales, profesor UIPR
Gerardo Bosques, profesor UIPR
Judith Berkam, abogada y profesora UIPR
Ana Irma Rivera Lassen, ex presidenta Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
Josué González-Ortiz, abogado ACLU
José R. Roque Velázquez, abogado
Indiana Quintero Ilarraza, abogada Oficina Legal de la Comunidad
Patricia Otón Olivieri, abogada y profesora Derecho UIPR

Steven Lausell, abogado
Myrta Morales Cruz, profesora Derecho UIPR
Annette Martínez Orabona, profesora Clínica de Derechos Humanos UIPR
Rafael E. Rodríguez, profesor y director de la Oficina Legal de la Comunidad UIPR