Ante la desesperación que viven por falta de información precisa, y transcurrido un mes desde que El Nuevo Día reveló que municipios y corporaciones públicas no hacen sus pagos al sistema “PayGo”, el Movimiento Pro Pensionados de Puerto Rico (MPP) pondera solicitar la intervención del Departamento de Justicia.
En paralelo, el MPP denunció a este diario que, a más de un año desde la creación del sistema “PayGo” y de que se diseñara un mecanismo para privatizar las cuentas de retiro de los empleados públicos, poco o nada se sabe de una junta de retiro que debió crearse para implementar la reforma a las pensiones. Esto, según la Ley 106 de 2017.
“Vamos a reclamar a la secretaria de Justicia que se tome acción contra quienes no están remitiendo el dinero y a aquellos que están sacando el dinero (correspondiente a las aportaciones de retiro) de los empleados y no lo remiten”, indicó el sargento retirado y director ejecutivo del Sindicato de Policías Puertorriqueños (SPP), José Marín Martínez.
“Hasta ahora, esa junta no existe”, agregó, por su parte, Roberto Aquino, presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno, al señalar que también entablarán comunicación con el gobierno para solicitar se les conceda participar del organismo.
La Ley 106 de 2017 es el plan alternativo que vislumbraron el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para pagar las pensiones desde el Fondo General, una vez la ASR quedó sin fondos suficientes para ello.
El mes pasado, El Nuevo Día reveló que según datos publicados por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), municipios, agencias y corporaciones públicas no cumplen a cabalidad con las aportaciones que deben hacerse al Fondo General para pagar las pensiones.
El sistema “PayGo” no está ajeno a controversias. El Fondo General busca que, según la Ley 106 de 2017, agencias y municipios cubran el pago de las pensiones de sus empleados jubilados. Pero diversos alcaldes expresaron anteriormente a este diario que el gobierno central les cobra pensiones de personas fallecidas o de empleados que nunca trabajaron para esas entidades.
La Ley 106 impone multas e incluso penas de cárcel para quienes no hagan los pagos al sistema “PayGo”.
MOVIDA MUNICIPAL
La decisión del MPP de solicitar
“Dónde está el dinero de las personas que están aportando ahora y de los que aportaron bajo la Ley 3” ROBERTO AQUINO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEL GOBIERNO
“No podemos coger un recorte más. Los pensionados cargamos con hijos, padres y nietos” GENOVEVA RÍOS QUINTERO PRESIDENTA DE AESA
“Queremos tener una voz, una representación en la Junta de Retiro. Tenemos profesionales con excelente experiencia y pueden ser síndicos extraordinarios” MANUEL VÉLEZ MOVIMIENTO 447
la intervención del Departamento de Justicia surge al tiempo en que el Senado se propone examinar un pedido de los municipios para que estos no aporten al “PayGo”, tal y como recién sucedió con la Reforma de Salud.
Habida cuenta que los municipios no aportarían los pagos de la Reforma de Salud, si la propuesta se convierte en ley, ello implicaría más peso para el Fondo General, ya cargado con honrar el sistema “PayGo”.
CALMA POR EL TÍTULO III
Según Marín Martínez, quien forma parte del Comité Oficial de Retirados (COR), grupo que creó el síndico de Estados Unidos para renegociar la deuda de la isla -incluyendo la de retiro-, a la fecha, el gobierno continuará pagando las pensiones de unos 167,000 porque así lo ha legislado el gobierno y se lo ha manifestado a la jueza Laura
Taylor Swain, quien preside los casos de Título III de la isla.
Según Aquino, al presente, los retirados deben conservar la calma porque hay un estatuto que establece que se pagarán las pensiones.
Sin embargo, Marín Martínez reconoció que ello podría cambiar una vez se complete el plan de ajuste de deudas del gobierno.
PENSIONES DE MISERIA
De aquí que, para los integrantes del MPP, urge asegurar un compromiso definitivo con el pago de las pensiones y evitar más recortes a una población que atraviesa por grandes retos financieros, psicológicos y de salud.
Según Marín Martínez, Aquino y la también líder jubilada,
Genoveva Ríos Quintero, presidenta de la Asociación de Ex Empleados Socios de AE y del ELA (AESA), los pensionados ya viven un calvario sin que se produzcan los recortes que podrían darse bajo el Título III.
En San Sebastián del Pepino, ejemplificó Marín Martínez, hay un miembro de la Uniformada que está próximo a retirarse y en lugar de recibir unos $1,100 al mes (que era la compensación antes de la Ley 3 de 2013), ahora recibiría unos $265 al mes.
Manuel Vélez, un doctor en administración de empresas que encabeza el Movimiento 447, una vez cerró el plan de beneficio definido (creado bajo una ley con igual numeración), la fórmula que otorgaba una pensión equivalente al 75% de los 36 salarios más altos que el participante devengó se desvaneció.
Bajo aquella fórmula, Vélez habría recibido al jubilarse unos $4,050 por mes. Los cambios aprobados en el 2013 reducirían su pensión a cerca de $2,700.
“Eso, si la Junta (de Supervisión Fiscal) no me vuelve a hacer otro descuento”, comentó Vélez.
“Los pensionados cargamos con hijos, padres y nietos”, recordó Ríos Quintero, quien sostuvo que la orden del día entre los retirados de Puerto Rico es escoger entre pagar la comida o los medicamentos para continuar viviendo.
