sábado, 5 de octubre de 2019

La UPR está siendo 'gravemente irresponsable' con su sistema de retiro


Carta de la JCF los acusa de amenazar pensiones.

La Junta de Control Fiscal (JCF), en una carta dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, señaló a la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) como perpetradora de un sabotaje al Sistema de Retiro de la institución educativa, lo que pone en riesgo la cartera compartida por cerca de 20,000 empleados docentes y no docentes.
El planteamiento, que se basa en que la UPR no ha aportado al Fideicomiso del Sistema los $161 millones que le corresponden este año, se hace eco de las denuncias que ha realizado la Junta de Retiro de la universidad por los pasados años, pero que la alta jerarquía institucional ha rechazado de manera tajante. 
La alegada dejadez de la Junta de Gobierno de la UPR —ente rector de la universidad— surge en medio de los cambios propuestos a las pensiones a nivel gubernamental y que en la universidad del Estado aún no se ha materializado en su totalidad la transformación del sistema de un modelo de beneficios definidos, como está en la actualidad, a uno de contribuciones definidas.
En la misiva de tres páginas, con fecha del 20 de septiembre, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, estipuló que tanto ella como la Gobernadora comparten la visión de que las pensiones de los empleados públicos son una prioridad, contrario a la UPR, cuyas acciones recientes dictan lo opuesto.
“La UPR anunció recientemente que está contribuyendo menos de la mitad de la contribución actuarial requerida a su Sistema de Retiro para el Año Fiscal 2020. Esta decisión consciente de la UPR de socavar sus obligaciones con las pensiones y de poner las pensiones de su facultad y empleados en riesgo es gravemente irresponsable, contraria la política pública del Gobierno respecto a las pensiones y está en violación a la Ley PROMESA”, señaló Jaresko, antes de resumir las tres opciones para mantener el sistema solvente, delineadas en el plan fiscal de la UPR certificado el 5 de junio.
Los tres escenarios propuestos, empero, dan por sentado la aportación de $161 millones por parte de la UPR para el Año Fiscal 2020, en lugar de la pequeña aportación de $80 millones que la institución se comprometió a hacer y que, según Jaresko, cumpliría las proyecciones de la JCF de llevar el Sistema de Retiro de la UPR a la insolvencia en el año 2031.
NotiCel solicitó una explicación por parte de la Junta de Gobierno de la UPR, pero al momento no se ha recibido respuesta. La JCF publicó la carta en su portal esta semana, más de 10 días después de su emisión y después también de que el profesor Ángel Rosa la discutiera en su programa radial.
En los pasados dos años, las denuncias de la Junta de Retiro de la UPR se han intensificado y han llegado hasta los tribunales en defensa de la cartera de pensiones, una que aún está solvente y sirve a alrededor de 8,881 pensionados y 10,210 participantes activos.
Los recortes a la aportación, según el presidente de la Junta de Retiro, el doctor Eduardo Berríos Torres, podrían atribuirse a las disminuciones presupuestarias millonarias que ha recibido la UPR —y que la Junta de Gobierno no ha objetado—, promulgadas por exigencias de la JCF y el gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares.
“Ya a la UPR le recortaron 100 millones. Faltan 200 más y la UPR no va a soportarlo. La Junta de Gobierno no ha reclamado nada e hicieron el papel con el gobierno pasado [de Rosselló Nevares] de ‘córtalos porque no los necesito’ y ahora están viendo lo que está pasando. Esto es crónica de una muerte anunciada, si eso es lo que quieren”, advirtió el portavoz.
En una de las versiones del plan fiscal de la institución educativa —fechado el 23 de octubre de 2018— la reducción constante de la aportación gubernamental a la universidad sumaría $541 millones de cara al 2026. “Ya han pasado tres años, que son más o menos 300 millones. Faltan 200 millones de 2020 a 2021, redondeados. Este año aceptaron el recorte”, añadió Berríos Torres.
El pasado lunes, Berríos Torres acudió a La Fortaleza para discutir la alegada complicidad entre la Junta de Gobierno de la UPR y el presidente de la institución, Jorge Haddock Acevedo, para “destruir” el Sistema de Retiro. Aunque la reunión, programada hace dos semanas, suponía ser con Vázquez Garced, fue la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado, quien lo recibió. 
Mientras que Berríos Torres catalogó el encuentro como uno “productivo”, recordó que la funcionaria le indicó que La Fortaleza no había recibido la carta enviada por la JCF y no tenía conocimiento de la misma, pese a que estaba dirigida a la Primera Ejecutiva, por lo que Berríos Torres le entregó una copia en ese momento.
“Esa carta fue bien particular, porque el 20 de septiembre la Junta de Control Fiscal le dijo a la Gobernadora, en resumen, ‘usted tiene que meter las manos porque están siendo irresponsables con propósito y a conciencia con la colaboración patronal que les corresponde y están poniendo en riesgo la pensión de la facultad y los trabajadores’”, sintetizó Berríos Torres.
En una entrevista previa con este medio, el portavoz explicó que la Junta de Gobierno de la UPR había renunciado a su obligación al plan de pago para amortizar a 40 años su deuda actuarial de $1,456 millones con el retiro.
Las amortizaciones son reducciones en el valor de los activos o pasivos para reflejar en el sistema de contabilidad cambios en el precio del mercado u otras reducciones de valor. Con este método, los costes de hacer una inversión se dividen entre todos los años de uso de la misma.
En respuesta a estas acciones, el Sistema de Retiro convocó junto a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) y su Capítulo de Jubilados, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu) y su Capítulo de Jubilados, la Asociación de Profesores Jubilados del Recinto de Humacao, la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto de Mayagüez (RUM), la Asociación de Claustrales Jubilados del RUM, la Asociación de Jubilados de la UPR, la Federación Laborista del RUM, el Sindicato de Trabajadores de la UPR, la Asociación de Supervisores y Gerenciales de la UPR y sus jubilados a una protesta en la Administración Central de la UPR, en Río Piedras.

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